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Defensoría: preocupación por accionar en caso El Comercio

La Defensoría del Pueblo del Ecuador expresó su preocupación frente a la posición presentada por las autoridades estatales de Ecuador que participaron en la audiencia ante la CIDH, realizada el jueves 6 de diciembre de 2018, la cual trató sobre las medidas cautelares 309/18 emitidas como consecuencia del secuestro de Efraín Segarra, Paúl Rivas Bravo, Javier Ortega Reyes, miembros del equipo de Diario El Comercio y sobre la implementación del mecanismo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE).

Así lo dio a conocer la institución encargada de precautelar los Derechos Humanos a través de un comunicado.
En la misiva, firmada por Gina Benavides, defensora (e), se señala que: “Si bien el Estado ecuatoriano fue quien, ante los lamentables sucesos ocurridos con el equipo periodístico de Diario El Comercio, solicitó la intervención de la CIDH y la creación del ESE, llama la atención las aseveraciones expresadas por el Procurador General (Íñigo Salvador) en las que indicó que el Estado ecuatoriano no aceptaría que se realice un peritaje en zona de frontera”.

También critica que “el funcionario ecuatoriano afirmó que la misión del ESE deberá terminar el 31 de diciembre de 2018, por lo que solicitó la conclusión de sus labores y entrega del informe final” y se “levante y archive las medidas cautelares emitidas por la CIDH”.

Más observaciones
La Defensoría también mostró su inquietud frente a la afirmación del Procurador, al sostener  que “el secuestro del equipo periodístico habría tenido lugar en Colombia, sin que hasta el momento existan pruebas concluyentes de lo afirmado”.

El relator para la Libertad Expresión de la CIDH, Edison Lanza, ante estas afirmaciones realizadas por el Estado ecuatoriano tuvo que precisar la información, aclarando que el peritaje en frontera sería sobre seguridad de periodistas en zonas de riesgo lo cual habría sido previsto dentro del programa del ESE.

Ante esta posición del Estado ecuatoriano, “la Defensoría del Pueblo del Ecuador, reconoce y valora el trabajo que ha venido realizando el ESE y considera que el mismo debe mantenerse como una garantía para avanzar hacia la concreción de los derechos a la verdad, justicia y no repetición de estos hechos, que son un imperativos para los familiares del equipo periodístico, los periodistas del país y la sociedad ecuatoriana”. 

Así exhortó a las entidades estatales el que permitan la realización de todas las acciones previstas por el ESE. Esto con la finalidad de que cumpla de manera efectiva con su plan de trabajo y continuar con la investigación de los hechos sucedidos en la frontera colombo-ecuatoriana vinculados al secuestro, cautiverio y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

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